Derecho administrativo

En JL Asesores contamos con un área especializada en Derecho Administrativo. El Derecho Administrativo es una rama del derecho que tiene como objeto la organización de las administraciones públicas, y de las relaciones de las administraciones con los ciudadanos y entre ellas. Nos encargamos de defender los derechos de nuestros clientes cuando estos se hayan visto lesionados por la actuación o no actuación de la Administración. Así pues asesoramos y gestionamos la defensa mediante la interposición de los correspondientes recursos contenciosos-administrativos para resolver sus conflictos con la Administración

Nuestro equipo de abogados tiene una gran experiencia en derecho administrativo y son especialistas en la aplicación de la legislación administrativa y en el asesoramiento y la defensa ante las administraciones públicas.

Nuestra gestión va desde la solicitud ante la administración hasta la tramitación de todo tipo de recursos en los procedimientos contencioso-administrativos y administrativos ante los tribunales de justicia.

La experiencia de nuestra asesoría se extiende a todos estos campos:

• Multas administrativas, sanciones, infracciones.
• Recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
• Derechos fundamentales.
• Medidas cautelares.
• Expropiaciones y reversión de éstas.
• Recursos de apelación y casación.
• Obtención de licencias y permisos.
• Procedimientos contencioso-administrativos.
• Concesiones administrativas.
• Contratación de entidades del sector público.
• Recursos y solicitudes ante las Administraciones Públicas, ya sean forales, provinciales o municipales, estatales o autonómicas. Y frente a Empresas Públicas y Organismos.
• Concesiones de obras públicas y otras fórmulas de promoción de infraestructuras públicas.
• Protección de datos.
• Recursos administrativos y contencioso-administrativos.
• Problemas de Registros de solicitantes de viviendas protegidas.
• Procedimientos de contratación, expropiatorios, de responsabilidad patrimonial, sancionadores, de inspección, de reintegro y de liquidación.
• Protección de los Consumidores.
• Otorgamiento de subvenciones.
• Defensa ante actuaciones de la Administración.
• Organización administrativa: consorcios y mancomunidades, fundaciones, sociedades de capital público y entidades públicas.